En agosto de 2013, la Cámara de diputados de Uruguay aprobó una ley sin precedentes: la legalización de producción, venta y consumo de cannabis, medida que fue ratificada por el senado en diciembre pasado. El entonces presidente de Uruguay, Pepe Mujica, calificó la ley de “experimento” social, pero avalada por una investigación y escrutinio gubernamental también sin precedentes; no se trata de “abrir” el mercado de la cannabis sino de arrebatarle los consumidores (mercado ya existente) al mercado ilegal, sin por ello entregarlos al “libre mercado”, que “buscaría vender tanto como fuera posible”.

Las reglas son:

Creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCC), el cual llevará un registro de consumidores cuya identidad se mantendrá en reserva.

Será legal para una persona comprar hasta 40gr mensuales en las farmacias autorizadas, previa inscripción en el padrón del IRCC.

El autocultivo también será legal, con un máximo de hasta seis plantas de cannabis por hogar o una producción colectiva de la droga en clubes de membresía de entre 15 y 45 socios (y hasta 99 plantas).

La cannabis no podrá fumarse en espacios públicos cerrados y los usuarios no pueden conducir ningún tipo de vehículo bajo el efecto de la droga, ni se publicitará la sustancia.

Pero a 1 año de la ratificación, los dispensarios para venta de cannabis aún no han abierto sus puertas al público, a pesar de que la gente ya empieza a ejercer su derecho al consumo –pero no sin una oposición que podría congelar o echar para atrás los logros de la administración de Mujica.

Para la gente que vivió la dolorosa dictadura militar uruguaya, la creación de un padrón de consumidores supone entregar la identidad al Estado, el cual en cualquier momento podría decidir perseguirlos. Al menos eso piensan activistas pro cannabis como Alicia Castilla, quien afirma que “los únicos que van a registrarse serán los jóvenes, quienes no vivieron bajo la dictadura. Todos los que sabemos lo que el gobierno puede hacerle a la gente, no queremos”.

El presidente saliente, Pepe Mujica

Los “clubs privados” de cultivo también encuentran problemas en la ley: no sólo implican la creación de un mercado “premium”, que puede cobrar cuotas de admisión de hasta 300 dólares (como el club de Montevideo “Asociación de Estudios Cannábicos del Uruguay”), sino que los productores experimentados saben que las condiciones de producción de las plantas pueden generar efectos y potencias muy distintas según los usuarios.

Aquellos que no quieran cultivar su propia marihuana tienen dos opciones: registrarse en el padrón del IRCC y cruzar los dedos, o seguir comprando en el mercado ilegal.

Julio Calzada, secretario general del Consejo Nacional Antinarcóticos del Uruguay, está convencido de que ofrecer una fuente legal de cannabis no sólo permitirá romper la cadena de suministro del crimen organizado, sino también enfrentar el consumo como un asunto de salud pública (lo cual es el espíritu de la ley misma, a decir de Mujica).

Tabaré Vázquez, el nuevo presidente electo de Uruguay que asumirá funciones en marzo próximo, no deja entrever aún su agenda respecto a la polémica ley. Oncólogo de formación, Vázquez ha dicho en entrevista que “los organismos naturales no necesitan drogas”, y que “este camino propuesto por el presidente Mujica, y con el que estoy de acuerdo, podría ser la solución. Pero podría no serlo”.

En su momento, el expresidente Mujica dijo que no se consume ningún tipo de droga para ser “más libre”, pues cualquier tipo de dependencia restringe la libertad. Pero será la sociedad uruguaya quien siga pugnando por ejercer su derecho a la vida y la libertad, sea como sea que decidan definirla.

Anuncios