La propuesta del Gobierno contempla el suicidio asistido para quienes consideren que ya han vivido lo suficiente, pero no están enfermos ni padecen sufrimientos físicos insoportables

“No hay salida para los que ya no deseen vivir porque estiman completo su ciclo. Han perdido a sus seres queridos y a sus amigos, y caen en la apatía y el cansancio vitales. El Gobierno piensa que su búsqueda de ayuda para acabar con todo es legítima”, indica la propuesta. Si bien los ministerios de Justicia y Sanidad se comprometen “a defender la vida”, “cuando a la falta de perspectivas se añade un deseo persistente, libre y activo, es posible actuar”, señalan ambos departamentos. Antes, será necesario “que un asistente cualificado mantenga una serie de conversaciones con el afectado”. “Tras una segunda revisión del caso, efectuada por otro ayudante, este puede recetar el fármaco letal que será recogido en una farmacia”, explica la nota remitida a la Cámara. La propuesta contempla la creación de una nueva disciplina dedicada exclusivamente a este tipo de ayuda y para la que habría que recibir formación de medicina, psicología y enfermería.

La propuesta, firmada por los ministerios de Sanidad y Justicia, indica que las conversaciones “con facultativos y otras instancias involucradas en esta clase de asistencia” darán comienzo de inmediato. Una vez consultados, el legislador deberá hacer una excepción en el apartado de ayuda al suicidio, regulado hasta la fecha solo con vistas a despenalizar, en condiciones estrictas, la eutanasia. Teniendo en cuenta que las próximas elecciones legislativas están previstas para 2017, lo más probable es que la aprobación de la nueva norma recaiga en un nuevo Ejecutivo.

El viraje oficial choca con las conclusiones de la comisión encargada el pasado febrero de examinar el concepto —y las consecuencias— de “una vida agotada”. Elaboradas bajo la supervisión del senador liberal de izquierda Paul Schnabel, señalaban que “la mayoría de los que se sienten así, y desean morir, sufren a la vez una enfermedad y encajan en los supuestos de la eutanasia”. Los médicos, por su parte, califican la eutanasia de “último recurso”, y no quieren que sea considerada un derecho por la población. Son los facultativos de cabecera quienes la practican y quieren evitar presiones familiares, o del propio afectado. En su momento, los liberales de derecha e izquierda, y el partido de los ecologistas, se mostraron partidarios de ampliar el radio de acción de la eutanasia. Los grupos confesionales, protestantes y calvinistas, apoyaron el informe Schnabel.

En 2014, las cinco comisiones que revisan la legalidad de las eutanasias practicadas en el país registraron 5.306 casos (un 10% más que el año anterior). Casi un 75% de los enfermos tenía cáncer. Cerca de un 41%, problemas psiquiátricos.

En 2013, la apertura de la Levenseindekliniek (Clínica para Morir), la primera de su clase de carácter privado, revolucionó la aplicación misma de la ley. En su primer año de actividad, recibió 714 ruegos, de los cuales practicó 104. Como las dolencias físicas acaparan las eutanasias de la sanidad pública, a la nueva clínica recurrieron los que habían sido rechazados por tener problemas psiquiátricos y diversos grados de demencia. La tendencia al alza en este grupo se ha mantenido en los años siguientes.

El pasado enero, Sanidad añadió un nuevo protocolo que suavizaba las exigencias en casos de demencia aguda. Esta ha sido siempre una de las denominadas zonas grises de la ley, porque excluía, según los críticos, a los aquejados de pérdida de facultades mentales, progresivas e irreversibles en la mayoría de los casos estudiados. Hasta ese momento, el legislador consideraba muy difícil saber si el paciente estaba seguro y comprendía las consecuencias de su deseo. Ahora, la eutanasia puede aplicarse en fases avanzadas del deterioro siempre que quien la reclame haya firmado, cuando estaba consciente, y en presencia de su médico, una declaración formal. De no tenerla, el castigo puede ser el contemplado por la norma desde 2002: hasta 12 años de cárcel.

Leyes sobre muerte digna

M. R. SAHUQUILLO

Los países que han legislado para permitir una muerte digna normalmente hacen una distinción entre lo que consideran suicidio médicamente asistido o eutanasia. La diferencia en estas normas es quién administra los fármacos que ponen fin a la vida.

Suicidio médicamente asistido. Consiste en suministrar o prescribir al paciente los fármacos para que este muera. Bajo determinadas circunstancias, es legal en Suiza, por ejemplo, pero a una persona enferma que debe ser, además, quien personalmente se administre estos medicamentos. Esta una fórmula que también se permite legalmente en algunos Estados de Estados Unidos, como en Oregón, donde el paciente –enfermo y tras la autorización y la prescripción de los sanitarios— es quien se autoadministra los fármacos.

Eutanasia. Etimológicamente significa “bien morir” (del griego), pero consiste en que un profesional sanitario suministre a un paciente capaz con una enfermedad terminal o irreversible, que experimenta un sufrimiento no mitigable por otros medios, una medicación para poner fin a su vida porque lo pide de forma voluntaria, expresa, clara, reiterada e informada. Es legal en Holanda, Bélgica y Colombia, por ejemplo.

En España ambas fórmulas son ilegales.

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/13/actualidad/1476354654_421296.html

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